Un empleado público del Concello de Xinzo de Limia se enfrenta desde este jueves a la fase judicial de una causa por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas después de que la Guardia Civil localizase en febrero de 2025 un importante alijo en sus domicilios. Según la acusación de la Fiscalía, las sustancias intervenidas alcanzaban un valor superior a los 300.000 euros en el mercado ilícito.
El acusado, Jorge Luis G.Y., se encuentra en prisión provisional y comparece ante la Audiencia de Ourense en una vista preliminar. El Ministerio Público solicita para él una pena total de diez años y cinco meses de cárcel: siete años y medio por un delito contra la salud pública y el resto por delitos relacionados con la tenencia ilícita de armas y armas prohibidas. También reclama una multa de 909.057,48 euros.
Los registros se practicaron el 19 de febrero de 2025 en domicilios vinculados al acusado y también en su puesto de trabajo en el Concello de Xinzo. Durante aquellas actuaciones, los agentes intervinieron, según la Fiscalía, 1.824,699 gramos netos de cocaína y 1.008,93 gramos puros de MDMA.
La valoración atribuida al conjunto de las sustancias asciende a 303.019,16 euros. El hallazgo convirtió la investigación inicial en una causa de mayor alcance y abrió la vertiente que ahora llega a la Audiencia Provincial de Ourense.
La investigación no se limitó a las drogas. Los agentes localizaron también diferentes armas y material asociado. Parte del armamento largo estaba amparado por licencias deportivas y de caza, pero la Fiscalía sustenta su acusación en la presencia de un revólver de avancarga sin registrar y una navaja automática.
Entre el material intervenido figuraban además un rifle Ruger AR-556, pistolas, escopetas, munición, piezas de armas sin número de serie, visores térmicos y nocturnos, un inhibidor de frecuencia, cámaras endoscópicas y un dispositivo Flipper. La causa deberá determinar ahora qué elementos pueden ser utilizados como prueba y cuál es su relevancia penal.
La investigación que acabó conduciendo hasta el funcionario de Xinzo comenzó a raíz de un asalto violento cometido en enero de 2025 en una vivienda de Vilameá, en Lobios. A partir de aquellas pesquisas, la Guardia Civil terminó centrando parte de sus actuaciones en Jorge Luis G.Y. y practicó los registros posteriores.
Ese asalto se tramita en un procedimiento diferente, que está previsto que llegue a juicio los días 5 y 6 de octubre. En esa causa hay cinco investigados y la Fiscalía solicita en conjunto 70 años de prisión por delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con violencia y lesiones.
La Fiscalía sostiene que el acusado tuvo un papel relevante en la planificación del robo de Lobios, aunque esa acusación deberá resolverse en el juicio correspondiente y no forma parte de la vista que se celebra ahora por las drogas y las armas.
De acuerdo con la investigación, durante el asalto los autores lograron llevarse unos 6.000 euros, relojes y joyas después de agredir y maniatar al propietario de la vivienda. La acusación sitúa al funcionario fuera del lugar de los hechos, pero le atribuye labores de coordinación a distancia.
La defensa del procesado, ejercida por el abogado Luis Salgado Carbajales, cuestiona la legalidad de los registros efectuados por la Guardia Civil. Su argumento es que se habrían realizado a partir de lo que considera una actuación prospectiva.
Además, la defensa pretende hacer valer como atenuantes la confesión y la drogadicción. Según sostiene, el propio acusado comunicó antes de ser detenido que tenía armas y drogas en casa.
La vista preliminar de este jueves constituye el siguiente paso procesal dentro de la causa por el alijo y las armas. A partir de ahora, la Audiencia deberá resolver las cuestiones planteadas por las partes antes de que el procedimiento avance hacia la celebración del juicio.
El caso mantiene así abierta una doble vía judicial para el funcionario de Xinzo: por un lado, el procedimiento relacionado con los casi dos kilos de cocaína, más de un kilo de MDMA y las armas intervenidas; por otro, el juicio previsto para octubre por el violento asalto de Lobios. En ambos casos, las acusaciones deberán ser probadas ante el tribunal y rige la presunción de inocencia.
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