Fuentes del sector defienden actualizar el acceso a la infraestructura civil de Telefónica

El debate sobre la regulación de las infraestructuras pasivas de Telefónica en España ha abierto un nuevo frente entre los operadores, después de que el consejero delegado de MasOrange, Meinrad Spenger, haya rechazado en el DigitalES Summit revisar el marco actual de acceso a conductos, postes y canalizaciones de la operadora.

Spenger defendió que existen “muchas razones para no cambiar esta regulación” y calificó de “interesada y parcial” la propuesta de Telefónica para actualizar las condiciones económicas de acceso a su infraestructura civil. El directivo apeló además al “buen criterio” de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que analiza el futuro de la oferta MARCo (Oferta de Referencia del Servicio Mayorista de Acceso a Registros y Conductos).

Fuentes del sector señalan, sin embargo, que la posición de MasOrange en España contrasta con el precedente regulatorio francés. En Francia, las autoridades han permitido una actualización muy significativa de los precios de acceso a la infraestructura civil del operador incumbente, Orange, sin considerar que ello comprometa la competencia o perjudique a los consumidores.

Según estas fuentes, los precios de acceso a la infraestructura civil de Orange en Francia han subido más de un 130% desde marzo de 2024 y partían ya de niveles superiores a los de España. Actualmente, añaden, los precios mayoristas franceses son más de cuatro veces superiores a los de Telefónica en España.

“MasOrange cuestiona en España una actualización regulatoria que en Francia ya se ha producido con mucha mayor intensidad en favor de la sostenibilidad de las infraestructuras del incumbente francés”, resumen fuentes conocedoras del proceso. A su juicio, esta comparación europea “debilita el argumento de que una revisión de MARCo en España vaya a perjudicar necesariamente a la competencia o a los consumidores”.

Las mismas fuentes subrayan que actualizar los precios regulados no equivale a “remonopolizar” el mercado, sino a “fijar unas condiciones razonables por el uso de las infraestructuras civiles de Telefónica, en consonancia con los principios que rigen el Reglamento Gigabit de la Unión Europea, que, por tanto, tenga en cuenta la situación actual del mercado, 30 años después de la liberalización, la necesidad de garantizar un retorno razonable de las inversiones y los precios de mercado comparables”.

Fuentes sectoriales recuerdan además que el acceso a la infraestructura civil de Telefónica representa poco más del 2% de los costes de despliegue de un operador eficiente, por lo que una actualización de precios “no debería alterar de forma significativa la capacidad competitiva de los otros operadores”.

También rechazan que Telefónica obtenga márgenes del 50% con este servicio. Según explican, la CNMC ha aplicado una metodología de costes corrientes, alineada con el enfoque de la Comisión Europea y auditada por el propio regulador, que arroja márgenes negativos para el servicio.

“No se trata de extraer rentas, sino de corregir una regulación que se ha quedado anclada en una fase ya superada del mercado”, concluyen estas fuentes.