El TSJC impone a Terrassa la devolución de bienes y derechos a Mina

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dictado una nueva sentencia que obliga al Ayuntamiento de Terrassa a devolver a Mina Pública de Aguas de Terrassa (Mina) una serie de bienes, clientes y derechos que el consistorio había apropiado de manera indebida durante el proceso de remunicipalización del servicio de agua, iniciado en 2016.
En la Sentencia nº 532/2026, fechada el 18 de abril, el TSJC confirma que la municipalización del servicio de abastecimiento de agua realizada por el Ayuntamiento de Terrassa no solo fue irregular, sino que implicó una apropiación ilegal de activos privados de Mina. El tribunal subraya que la reversión de estos bienes y derechos a la gestión pública no fue legítima y ordena su restitución en un plazo máximo de tres meses.

Entre los bienes que deberán ser restituidos figuran los derechos de abastecimiento de diversas zonas de Terrassa, como el centro histórico, el barrio de Can Parellada y los núcleos de Aigües Calonge, Aigües Reig y Fontcuberta. Estos eran negocios y clientes propios de Mina, que nunca debieron haber sido transferidos al municipio. Se estima que alrededor de 20.000 clientes, casi el 20% de los abonados de TAIGUA, están implicados en esta devolución.

Si el Ayuntamiento no puede deshacer los efectos de su decisión debido al tiempo transcurrido, tendrá que indemnizar a Mina con una compensación económica que podría superar los veinte millones de euros, dado el alcance del litigio.

No es la primera vez que el TSJC se pronuncia sobre este caso. En 2021, el tribunal ya había dictado la Sentencia de apelación 1411/2021, donde exigió al Ayuntamiento diferenciar claramente los bienes que debían revertir al municipio de aquellos que no. Pese a esa advertencia judicial, el consistorio ignoró esa resolución, lo que ha llevado a la ejecución forzosa de la sentencia actual a solicitud de Mina.

La resolución de abril es tajante en su análisis: “Dichos clientes no debieron revertir, en aquel momento, a la Administración”, lo que significa que el Ayuntamiento deberá devolver a Mina todos los bienes, instalaciones, clientes y derechos privados relacionados con el servicio de agua en un plazo que vence en tres meses.

TAIGUA es la empresa pública creada en 2016 para gestionar el servicio de abastecimiento de agua en la ciudad, como parte de un proceso de remunicipalización que pretendía devolver a la gestión pública lo que hasta entonces había sido gestionado por la empresa privada Mina.

La decisión del consistorio de municipalizar el servicio de agua se basaba en la creencia de que la gestión pública sería más eficiente y sostenible, además de ofrecer mayores beneficios a los ciudadanos. El Pleno municipal de marzo de 2018 aprobó definitivamente la gestión directa del servicio mediante la entidad municipal TAIGUA con amplia mayoría.

El fracaso de la remunicipalización se agrava con otro aspecto negativo, la incapacidad de TAIGUA y del Ayuntamiento para gestionar la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Abrera, cuya gestión se ha transferido finalmente a Aigües Ter-Llobregat (ATL). A esto se le añaden las subidas en las facturas cercanas al 40% en algunos periodos, mientras que la inversión en mantenimiento y renovación de la red ha disminuido.