El presidente de LaLiga acusa a Hacienda de intentar apartarlo mediante un registro en 2015

El presidente de LALIGA, Javier Tebas, ha denunciado ser víctima de un presunto intento del Ministerio de Hacienda en 2015 de interferir en decisiones clave del fútbol profesional mediante una inspección fiscal para la que la Agencia Tributaria solicitó registrar su despacho profesional, así como su domicilio y el de su hijo.

Los hechos, según recoge el diario ‘El País’, sucedieron apenas tres días antes de la Asamblea general extraordinaria de LALIGA del 19 de junio de 2015, clave para la venta centralizada de los derechos de retransmisión televisiva, en la que se aprobó la recompra de derechos de 38 clubes a Mediapro y donde quedó patente la tensión con el Real Madrid.

Según declaraciones de Tebas al citado medio, el objetivo que tenía el registro era para provocar un “daño a la reputación” y “apartarlo” como presidente de LALIGA justo antes de la celebración de esa asamblea. Además, el máximo dirigente de LALIGA ha reaccionado también en su perfil de la red social X: “Llevan más de 10 años marcando las cartas, (y continúan), creyéndose intocables gracias a su “superioridad” y la complicidad de parte de la clase política. La verdad ya me la habían contado. Ahora tengo también la verdad jurídica. Vamos hasta el final”.

Este episodio sucedió apenas unos meses después de que la directora general de recaudación, Soledad García, se querellase contra el presidente de LALIGA por injurias, tras ser acusada de “querer liquidar los clubes” y de “animadversión por el fútbol” al incumplir, a su juicio, los acuerdos de aplazamiento de la deuda. Una causa que fue archivada, y por la que el ministerio de Montoro pidió que se abriera un expediente sancionador a Tebas.

Así, el intento de registro, que no fue autorizado por los tribunales, fue comunicado directamente al entonces ministro Montoro por su jefe de gabinete, Felipe Martínez Rico, según varios correos electrónicos revelados por la investigación, que ha salido a la luz tras el levantamiento del secreto de sumario en la investigación judicial contra Equipo Económico, la firma fundada por Cristóbal Montoro en 2006, acusada de haber tejido una red de influencias para lograr ventajas fiscales a sus clientes durante el tiempo en que el político dirigió el Ministerio de Hacienda (2011-2018).