El auge de los conflictos armados en Europa del Este y Oriente Medio, junto con posibles cambios en la política exterior de Estados Unidos, está transformando profundamente el panorama internacional. En este nuevo contexto, la seguridad y la defensa han adquirido un peso central en las agendas políticas y económicas de los países europeos, obligando a sus industrias a reaccionar con rapidez y anticipación.
Así lo refleja el informe ‘Previsiones ante un escenario de conflicto’, elaborado por el Instituto de Ciencias del Empleo y las Relaciones Laborales (ICER), que advierte de los profundos desafíos que enfrenta el sector de la seguridad y la defensa en España ante este entorno cambiante. A medida que se abren nuevas oportunidades para participar en programas internacionales, también se intensifican las exigencias en términos regulatorios, tecnológicos y de cualificación del talento.
Una de las principales conclusiones del informe es que, en los próximos cinco años, el sector necesitará incorporar entre 3.300 y 4.650 nuevos profesionales. De estos, una parte deberá especializarse en disciplinas tecnológicas -como ciberseguridad o inteligencia artificial-; así como en otras áreas como sostenibilidad, cumplimiento normativo o gestión responsable de exportaciones estratégicas. Además, se identifican como perfiles críticos los perfiles híbridos —que combinen experiencia técnica con conocimiento de normativas internacionales— y los gestores de proyectos internacionales, esenciales para la coordinación de exportaciones y alianzas multilaterales.
“España se encuentra ante un punto de inflexión. Nuestra industria de defensa tiene la oportunidad de consolidarse como un actor clave en el nuevo equilibrio global, pero solo si es capaz de responder con agilidad a un entorno marcado por la presión tecnológica, la creciente exigencia regulatoria y la intensa competencia internacional por el talento”, afirman desde ICER. “Con este informe pretendemos alertar sobre los profundos desafíos que afronta el sector ante este nuevo escenario global. A medida que se abren nuevas oportunidades para participar en programas internacionales, también se intensifican las exigencias en términos regulatorios, tecnológicos y de cualificación del talento”, puntualizan.
Uno de los retos más inmediatos para el sector es el incremento del gasto en defensa por parte de los países europeos. En respuesta a la invasión de Ucrania, se han activado proyectos colaborativos de gran envergadura como el Future Combat Air System (FCAS) o el Eurodrone, en los que España puede desempeñar un papel relevante como proveedor de capacidades clave. Sin embargo, este liderazgo solo será viable si la industria nacional es capaz de cubrir una demanda tecnológica creciente, acorde al nivel de sofisticación y competitividad que exigen estos programas.
El reto es tan urgente como ambicioso. Según el informe, en un horizonte de tres a cinco años se requerirán entre 2.400 y 3.300 nuevos especialistas en áreas tecnológicas clave, con perfiles altamente cualificados. Entre las disciplinas más demandadas figuran la ciberseguridad, la inteligencia artificial, los sistemas autónomos y la defensa aérea, entre otras. Un dato especialmente revelador es que, actualmente, entre el 30 % y el 40 % de las vacantes en ciberseguridad resultan difíciles de cubrir debido a la escasez global de talento en este ámbito.
A esta necesidad se suma el reto de reconfigurar las cadenas de suministro. La Unión Europea impulsa su autonomía estratégica y busca reducir la dependencia tecnológica de actores externos como Estados Unidos o China. En este contexto, España puede ganar peso si su industria logra responder a la demanda de componentes críticos y alinearse con los estándares europeos. No obstante, esta oportunidad también impone una presión estructural sobre la capacidad productiva y la adaptación normativa.
EXIGENCIA Y SOSTENIBILIDAD
En paralelo, el fortalecimiento de la relación transatlántica con Estados Unidos puede posicionar a España como una base logística clave entre Europa y el norte de África. Este papel geoestratégico obliga a las empresas a adaptarse a las normativas estadounidenses en interoperabilidad, tecnología y cumplimiento normativo (compliance), especialmente en el marco de proyectos conjuntos impulsados por la OTAN.
En España, el Gobierno ha autorizado, recientemente, las ampliaciones del presupuesto ligado a la defensa en cerca de 7.000 millones de euros, solo en lo que va de este año, una decisión que ha sido autorizada en el Consejo de Ministros y permite acercarse a los compromisos internacionales de gasto militar y de defensa.
Otro frente geopolítico relevante se sitúa en Oriente Medio y el norte de África, donde el aumento de las tensiones está generando una demanda creciente de equipos, tecnología y sistemas de vigilancia. La experiencia acumulada por la industria española en misiones internacionales podría permitirle competir en estos mercados. No obstante, deberá hacerlo respetando estrictamente los marcos éticos y legales de la Unión Europea, que exigen máxima trazabilidad y transparencia.
La sostenibilidad también emerge como una variable transversal en este nuevo entorno. Cada vez más, los contratos de defensa estarán condicionados por criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza). Según el ICER, el sector deberá incorporar entre 300 y 450 nuevos profesionales especializados en sostenibilidad, cumplimiento normativo y gestión responsable de exportaciones estratégicas.
En este escenario de transformación acelerada, la industria española de defensa no solo debe adaptarse, sino anticiparse. Su capacidad para atraer talento cualificado, liderar la innovación tecnológica y alinearse con los estándares internacionales será determinante para posicionarse como un socio fiable en los grandes programas europeos y globales. Más que una necesidad coyuntural, se trata de una oportunidad estratégica para redefinir el papel de España en el nuevo mapa de la seguridad internacional.
Además del desafío tecnológico y regulatorio, la industria de defensa y seguridad —que incluye también la seguridad privada y los servicios auxiliares vinculados— se enfrenta a una intensa presión salarial. En 2025, el Gobierno ha aprobado un refuerzo de 400 millones de euros en retribuciones para el personal militar, con subidas medias de 200 euros mensuales. En paralelo, los salarios en áreas tecnológicas como ciberseguridad e inteligencia artificial ya superan los 66.000 € brutos anuales en posiciones intermedias y alcanzan los 100.000 euros en perfiles senior altamente especializados.
La seguridad privada también experimenta un repunte salarial, impulsado por el refuerzo de infraestructuras críticas, eventos internacionales y la digitalización del sector. Con una previsión de crecimiento del 7 % anual en el ámbito de la ciberseguridad y el objetivo gubernamental de alcanzar el 2 % del PIB en gasto en defensa para 2029, se anticipa un aumento acumulado de hasta el 12 % en las bandas salariales del conjunto del sector, reforzando su atractivo para nuevos perfiles profesionales y empresas internacionales.