¿Se suspenden las ZBE en Xinzo de Limia? Así está el fin de las Zonas de Bajas Emisiones en España

El malestar por las ZBE se extiende: Xinzo de Limia se une al debate nacional

El creciente rechazo social hacia las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) no deja de aumentar en municipios de todo el país, y Xinzo de Limia no es una excepción. Lo que en su día se presentó como una solución para mejorar la calidad del aire y cumplir con los objetivos climáticos europeos, hoy se enfrenta a una ola de críticas por parte de vecinos, comerciantes y asociaciones de conductores que denuncian su impacto económico y social.

A pesar de que la Ley de Cambio Climático estableció la obligación de implantar ZBE en localidades de más de 50.000 habitantes a partir de 2023, la realidad es que sólo un tercio de ellas están operativas. En Xinzo de Limia, la incertidumbre reina en torno a su aplicación definitiva. Las quejas se multiplican en redes sociales, donde usuarios denuncian “falta de alternativas reales de movilidad”, “injusticia para quienes no pueden cambiar de coche” y “desinformación sobre los perímetros y sanciones”.

El rechazo ciudadano, cada vez más visible

En los últimos meses, Xinzo de Limia ha sido escenario de múltiples protestas vecinales. Aunque muchas han pasado desapercibidas en los medios nacionales, en plataformas locales y foros ciudadanos se han difundido vídeos y testimonios de residentes que denuncian sentirse “castigados” por una normativa que no tiene en cuenta su realidad económica. El coste de renovar un vehículo o adaptarse al transporte público es, según denuncian, una barrera para miles de familias trabajadoras.

La situación en Xinzo de Limia refleja una tendencia nacional: las ZBE han sido recurridas en los tribunales en ciudades como Gijón, Madrid, Santa Cruz de Tenerife o Badajoz, donde algunas sentencias ya han paralizado su funcionamiento por considerarlas mal señalizadas, desproporcionadas o discriminatorias. Aunque cada caso tiene sus matices, todos coinciden en algo: la falta de consenso social y político.

¿Una medida medioambiental o un castigo social?

Una de las principales críticas hacia las ZBE, también presente en el caso de Xinzo de Limia, es que no van acompañadas de un plan integral de transporte. “¿Cómo vamos a dejar el coche si no hay autobuses suficientes o si los horarios no se adaptan a los turnos laborales?”, se preguntan muchos ciudadanos. En este municipio, las asociaciones vecinales han enviado escritos al Ayuntamiento reclamando inversiones en infraestructura y bonificaciones para quienes realmente no pueden afrontar el cambio de vehículo.

Las redes sociales de Xinzo de Limia muestran el hartazgo creciente de sus habitantes. Algunos hashtags como #ZBEinjustas o #NoZBEXinzo de Limia han llegado a ser tendencia local, canalizando el malestar general. Aunque desde el Consistorio se insiste en que la medida busca mejorar la salud pública, la falta de diálogo previo y el enfoque punitivo han generado un efecto contrario: resistencia, enfado y desconfianza.

El ejemplo francés marca el camino

La reciente decisión de Francia de eliminar todas sus Zonas de Bajas Emisiones ha reavivado el debate en España. Muchos ciudadanos de Xinzo de Limia señalan este precedente como la prueba de que hay alternativas viables que no castigan a quienes menos recursos tienen. Las autoridades galas justificaron su marcha atrás argumentando que las ZBE penalizan principalmente a los hogares con menor poder adquisitivo, algo que también sucede en muchos municipios españoles.

En este contexto, se abre un nuevo escenario político y judicial en España. Cada vez son más las voces que piden una revisión completa del modelo de ZBE, no solo en Xinzo de Limia, sino en todo el territorio. Algunos colectivos ya anuncian nuevas acciones legales, mientras otros apelan al diálogo y a una transición ecológica que sea justa y equilibrada para todos los ciudadanos.

Xinzo de Limia, en el punto de mira por la ZBE

El futuro de las Zonas de Bajas Emisiones en Xinzo de Limia sigue en el aire. Aunque el Ayuntamiento ha reiterado su compromiso con la sostenibilidad, los constantes recursos, la presión vecinal y las referencias internacionales podrían forzar una rectificación. Lo que está claro es que el modelo actual no convence, y que tanto por decisión política como judicial, las ZBE podrían tener los días contados también en este municipio.