El destino de Mina Muga en manos del Ejecutivo español

La multinacional Highfield Resources, propietaria de Geoalcali, ha conseguido la aprobación del Gobierno de Canadá, para efectuar la inversión necesaria para el desarrollo de Mina Muga. Un hito “crucial”, según la compañía, que indica que se suma al visto bueno que ya otorgó el Gobierno australiano en enero de 2025. Con ello, toda la presión recae ahora sobre el Gobierno de España, el único que aún no se ha pronunciado, a pesar de haber recibido la solicitud en primer lugar y de que la inversión se destinará íntegramente al país.
Con los permisos de dos de los mercados mineros más relevantes del mundo ya asegurados, la respuesta favorable de España resulta clave para aprobar la inversión extranjera que posibilitará la puesta en marcha de Mina Muga, el mayor proyecto minero de España en los últimos años, dedicado a la extracción de potasa para fertilizantes.

Desde la empresa consideran que “este silencio administrativo” se produce en un momento delicado en el que el proyecto ya enfrenta una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que señala un “defecto de forma” en la asignación de competencias. Indican que las trabas administrativas y burocráticas estarían poniendo en riesgo el proyecto ya que los acuerdos de financiación respaldados por capital asiático expiran el próximo 31 de marzo. Geoalcali presentaba un ERTE a mediados de febrero ante esta situación de incertidumbre.

Mina Muga tiene ya comprometidos 550 millones de euros adicionales de inversión y espera generar hasta 7.000 puestos de trabajo directos e indirectos y billones de euros en generación de riqueza en la vida de la mina en zonas afectadas por despoblación. Según las previsiones de la promotora, la mina generaría 1.246 millones de euros en impuestos para las arcas públicas, consolidando su papel como un motor de desarrollo económico para Navarra y Aragón.